Zamarripa, Ornelas y Quiroz libres de culpa
Aguascalientes, Febrero 26 (2014).- El priista, Gregorio Zamarripa Delgado, el perredista, Gilberto Carlos Ornelas y el petista, Héctor Quiroz García, fueron los tres legisladores de la LXI legislatura que rechazaron el dictamen que reformaba la Legislación Penal para el Estado mediante la cual se avaló la figura del arraigo autorizada por un juez local, mismo que acaba de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el boletín de prensa (455) fechado el jueves 23 de febrero de 2012 el cual se envió a medios por la oficina de Comunicación Social, destaca que con el voto en contra de los legisladores antes referidos, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 324 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Carlos Lozano de la Torre, referido a la figura del arraigo.
La mayoría presente avaló como muchas otras la propuesta del mandatario estatal, la cual señalaba que con los cambios “a petición del Ministerio Público, la autoridad judicial deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor a doce horas contadas a partir del momento de la recepción de la solicitud de arraigo del indiciado, de manera fundada y motivada, siempre que se trate de hechos punibles que puedan ser adecuados en figuras típicas calificadas como graves y cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia o para la protección de personas o bienes jurídicos, a fin de lograr el éxito de la investigación”.
El ex diputado del Partido Nueva Alianza (PANAL), Marco Arturo Reyes Delgado, manifestó al dar a conocer el dictamen en tribuna, que “el arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable probado para culminar la investigación del hecho, y que en ningún caso y bajo ningún concepto podrá exceder de cuarenta días”.
Luis Fernando Muñoz, actual legislador del Revolucionario Institucional, difiere del jefe de gabinete del Gobierno estatal priista, Javier Aguilera García, quien este lunes manifestó que 72 horas eran insuficientes para investigar a una persona, “la figura del arraigo se hizo pensando en que el curso de una investigación, en ocasiones no se resolvían en el plazo de 72 horas, entonces se prolongaron los tiempos con el propósito de que las investigaciones pudieran continuar, sin que violáramos la ley. El arraigo es para poder continuar con las investigaciones, porque el tiempo de 72 horas es muy limitado”.
Fernando Muñoz, señala “las procuradurías están urgidas a implementar ya las medidas perentorias, cautelares, de organización, de reorganización, y que el sistema de justicia penal acusatorio que ya está caminando se haga de las herramientas, figuras, y de las instituciones que permitan que en 72 horas tu determines que una persona es culpable o inocente”.
Ese es el reto monumental qué tiene que mejorar, la capacidad pericial, la eficiencia en la operación policial o ministerial, la eficacia organizacional del fiscal, todo esto tiene que mejorar. Lo que tenemos es que apurar las medidas que debemos tomar para que pronto tengamos una procuración que sea capaz de acuerdo con el nuevo sistema de justicia que está implementándose, de indiciar a una persona en 72 horas, de lo contrario obtendría su libertad, advirtió.